viernes, 17 de febrero de 2017

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Antecedentes del Proceso de Amparo
 A. Antecedentes internacionales
 B. Antecedentes nacionales

Definición del Amparo
El Amparo es un proceso constitucional de la libertad de origen mexicano, que esta reconocido por la Constitución del 93 como Garantía Constitucional, el mismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales, frente a la vulneración o amenaza de éstos por cualquier autoridad, funcionario o particular, con excepción de aquellos derechos que son protegidos por el habeas corpus (libertad individual y derechos conexos) y el habeas data (derecho de acceso a la información pública y derecho a la autodeterminación informativa).
 Finalidad del Amparo
El Proceso Constitucional de Amparo tiene como finalidad esencial la protección  efectiva de los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.
 Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
 Derechos que protege el Amparo
El artículo 37 del CPC consigna los derechos que son protegidos por el Amparo, los mismos que son:
1)    De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole;
2)    Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa;
3)    De información, opinión y expresión;
4)    A la libre contratación;
5)    A la creación artística, intelectual y científica;
6)    De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones;
7)    De reunión;
8)    Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes;
9)    De asociación;
10) Al trabajo;
11) De sindicación, negociación colectiva y huelga;
12) De propiedad y herencia;
13) De petición ante la autoridad competente;
14) De participación individual o colectiva en la vida política del país;
15) A la nacionalidad;
16) De tutela procesal efectiva;
17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos;
18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales;
19) A la seguridad social;
20) De la remuneración y pensión;
21) De la libertad de cátedra;
22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución;
23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida;
24) A la salud; y
25) Los demás que la Constitución reconoce.

De igual manera, es importante hacer referencia que el artículo 38 del mismo CPC señala que no procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo.
 Procedencia del Amparo
 El artículo 200 de la Constitución, en su numeral 2, sostiene que procede el Amparo, contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales, con excepción de aquellos derechos que son protegidos por el habeas corpus y el habeas data.
Improcedencia del Amparo
Inadmisibilidad
–       El representante procesal del afectado, sin necesidad de inscripción de la representación otorgada.Procuración oficiosa
Requisitos de la Demanda
Plazo de interposición de la demanda de Amparo
Acumulación de procesos  y resolución inimpugnable
Costas y Costos
Apelación
–     Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado, siendo suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la legalización de la firma del Cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos.

No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
 Improcedencia liminar
En el artículo 47 del CPC manifiesta que si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del CPC. También podrá hacerlo si la demanda se ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o, falta de este, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes.

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto.
El artículo 48 del CPC establece que si el Juez declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es apelable.

El Amparo durante los regímenes de excepción
El Artículo 137 de la de la Constitución dispone que al igual que el hábeas corpus, el amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción (estado de emergencia y estado de sitio). En esa misma línea y desarrollando lo establecido por la Constitución, el CPC, en su artículo 23, señala que cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios:
 1) Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos.
 2) Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción.
3) Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez.

Legitimación activa
Las personas que están legitimadas o capacitadas para interponer el proceso de amparo son:
–       El afectado o agraviado
–     Cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos.
–     La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Legitimación pasiva
 Se interpone el proceso de amparo contra cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales, a excepción de aquellos derechos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.

De igual manera, el CPC, en su artículo 41 nos habla de la procuración oficiosa, en el sentido de que cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso.

El artículo 42 del CPC sostiene que la demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos:

1)    La designación del Juez ante quien se interpone;
2)    El nombre, identidad y domicilio procesal del demandante;
3)    El nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7° del presente Código;
4)    La relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional;
5)    Los derechos que se consideran violados o amenazados;
6)    El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide;
7)    La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado.
En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del Juzgado o Sala correspondiente.

El artículo 44 del CPC establece que el plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento.
 Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.
 En el mismo artículo señala que para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas:

1)     El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.
2)     Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se inicia en dicho momento.
3)     Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.
4)     La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Sólo si la afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo.
5)     Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista.
6)     El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda.

Agotamiento de las vías previas
Antes de interponer una demanda de amparo se debe agotar las vías previas.  Sin embargo, excepcionalmente, tal como dispone el artículo 46 del CPC, no serán exigibles el agotamiento de las vías previas, en los siguientes casos:
1)    Cuando una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;
2)    Cuando, por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;
3)    Cuando la vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado.
4)    Cuando no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

Juez Competente
El artículo 51del CPC establece que son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción.

Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que designará a uno de sus miembros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio.  La Sala Civil resolverá  en un plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la demanda.

Reconvención, abandono y desistimiento
Por otro lado, el artículo 49 del CPC, sostiene que en el amparo no procede la reconvención ni el abandono del proceso, sin embargo considera que es procedente el desistimiento.

Según el artículo 50 del CPC, cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el Juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo. La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable.

Acumulación subjetiva de oficio
El artículo 43 del CPC sostiene que cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar.

Impedimentos
El artículo 52 del CPC manifiesta que el Juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será procedente la recusación.
 El Juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de impedimento, o lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad de naturaleza disciplinaria y penal.

Trámite
En artículo 53 del CPC establece que la resolución que admite la demanda, el juez concederá al demandado el plazo de cinco días para que conteste. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, el juez expedirá sentencia, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su realización. Si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días. Con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, quedan los autos expeditos para ser sentenciados.
 Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin notificación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus abogados para realizar los esclarecimientos que estime necesarios. El Juez expedirá sentencia en la misma audiencia o, excepcionalmente, en un plazo que no excederá los cinco días de concluida esta.
 Si considera que la relación procesal tiene un defecto subsanable, concederá un plazo de tres días al demandante para que lo remedie, vencido el cual expedirá sentencia. Si estima que la relación procesal tiene un defecto insubsanable, declarará improcedente la demanda en la sentencia. En los demás casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el mérito.
 Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto.

Intervención litisconsorcial
El artículo 54 del CPC sostiene quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez superior. El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que este se encuentre. La resolución que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable.

Contenido de la Sentencia fundada
El artículo 55 del CPC sostiene que la sentencia que declara fundada la demanda de amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:
 1) Identificación del derecho constitucional vulnerado o amenazado.
2) Declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.
3) Restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus derechos constitucionales ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación.
4) Orden y definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la sentencia.

En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.
 El artículo 56 fija que si la sentencia declara fundada la demanda, se interpondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, este podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.
 En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos. 
En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.
 El artículo 57 del CPC precisa que la sentencia puede ser apelada dentro del tercero día siguiente a su notificación. El expediente será elevado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la concesión del recurso.

Artículo 58.- Trámite de la apelación.-
El artículo 58 del CPC establece, el superior concederá tres días al apelante para que exprese agravios. Recibida la expresión de agravios o en su rebeldía, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. El superior expedirá sentencia dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de la causa, bajo responsabilidad.

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional
  
Responsabilidad del agresor
  
Ejecución de Sentencia
El artículo 59 del CPC manifiesta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22° del CPC, la sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser duplicado.
 Si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos días, el Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda, y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, conforme a lo previsto por el artículo 22 de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario. 
En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho. 
Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria de carácter normativo que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente.
 Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo.

Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos.-
El artículo 60 del CPC manifiesta que si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución.
 Efectuado el reclamo, el Juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente.
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En qué consiste el divorcio por causal

Es la disolución del vínculo matrimonial solicitada por uno de los cónyuges fundada en diversas causas establecidas en la ley denominadas causales de divorcio, que implican la violación de los deberes conyugales por parte de uno los cónyuges lo que hace insoportable o inconveniente el sostenimiento de la vida en común.
Este tipo de divorcio se tramita exclusivamente en la vía judicial y es conocido también como divorcio sin acuerdo pues es la única opción cuando el otro cónyuge no acepta el divorcio o por que se desconoce el paradero del otro cónyuge.
La Ley establece que conjuntamente con el pedido de divorcio deberá acompañarse también los pedidos de alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores de edad si los hubiera así como de la separación de bienes adquiridos durante el matrimonio, pues el Juez deberá resolverlos conjuntamente con el divorcio.

Cuál es la duración de un divorcio por causal

El divorcio por causal no tiene un plazo establecido por ley , su duración dependerá de diversos factores tales como la complejidad del caso, la carga de trabajo del juzgado competente, el grado de defensa y resistencia de la otra parte, de las apelaciones contra la sentencia, si hay que notificar al otro cónyuge en el extranjero, si se desconoce su paradero, etc.
Por lo general un divorcio promedio tiene una duración aproximada no menor de 18 meses.
Una de las razones por la que este proceso se dilata es porque la ley establece como un trámite obligatorio del procedimiento que la sentencia de divorcio sea revisada en segunda instancia por la Sala de Familia, se haya formulado apelación o no. La razón de la revisión se sustenta en la naturaleza especial de los derechos en discusión.

Cuáles son los requisitos del divorcio por causal

Para aplicar al divorcio por causal deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. Que exista una causa de divorcio establecida en la ley (causal de divorcio):
2. Que la causal de divorcio sea probada: Deberá acreditarse en juicio la causal invocada a través de cualquier medio de prueba.
3. Que se presenten los siguientes documentos:
  • Copia simple del DNI del cónyuge solicitante por ambos lados y legible.
  • Copia certificada de la partida de matrimonio actualizada.
  • Los documentos que acrediten la causal invocada (Nuestro abogados lo asesorarán para tal efecto).
Si tiene hijos menores de edad o mayores dependientes:
  • Partida de nacimiento de cada hijo actualizada.
Si tiene bienes y/o deudas en el matrimonio:
  • En caso de casas, terrenos, departamentos): Copia literal de la ficha de cada bien inscrito en Registros Públicos o contratos o títulos de propiedad de aquéllos no inscritos. En todos los casos recibo de pago del Impuesto Predial de todo el presente año así como el HR y el PU de cada predio.
  • En caso de vehículos: copia simple de la tarjeta de propiedad y del SOAT, así como certificado de gravamen actualizado expedido por el Registro Vehicular
  • En caso de otros bienes de valor que deseen repartirse deberá presentarse los títulos de propiedad o contratos que acrediten su propiedad.
SI Ud. está en el extranjero y/o provincia:
  • Deberá otorgar una carta poder a favor de nuestros abogados ante el Consulado Peruano (si está en el extranjero) o ante un Notario de su localidad (si está en provincia) en base a un modelo que elaboraremos y le enviaremos por e-mail) para prescindir de su presencia en los trámites.

Cuáles son las causales de divorcio

Nuestra ley establece 12 causales de divorcio a saber:
  • Adulterio
  • Violencia física o psicológica
  • Atentado contra la vida del cónyuge
  • Injuria grave
  • Abandono injustificado de la casa conyugal
  • Conducta deshonrosa
  • Toxicomanía
  • Enfermedad grave de transmisión sexual
  • Homosexualidad
  • Condena judicial por delito
  • Separación de hecho de los cónyuges
  • Imposibilidad de hacer vida en común

Divorcio por causal de adulterio

Esta causal consiste que en la relación sexual en forma intencional sostenida por un hombre o una mujer casados con otra persona que no es su cónyuge. Implica la violación del deber de fidelidad.
Prueba: La dificultad de la prueba del adulterio constituye uno de sus principales aspectos pues no es fácil conseguir evidencia del acto sexual (ilegítimo) que se realiza en la intimidad. Sin embargo la jurisprudencia ha admitido las pruebas indiciarias para acreditar el adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial, la prueba de la convivencia pública, etc.

Divorcio por causal de violencia física o psicológica

Esta causal consiste que en las agresiones físicas o maltratos psicológicos que sufre uno de los cónyuges por parte del otro de manera intencional. Implica la violación del deber de respeto la relación sexual en forma intencional sostenida por un hombre o una mujer casados mutuo.
Prueba: Los certificados médicos que acrediten lesiones físicas o psicológicas, las denuncias de violencia familia que no concluyan son conciliación sino con sentencia condenatoria.

Divorcio por causal de atentado contra la vida del cónyuge

Esta causal consiste en el acto que realiza un cónyuge con el propósito de privarle la vida del otro de manera intencional. Implica la vulneración del deber de asistencia recíproca en la falta de seguridad personal del cónyuge contra quien se atentó. Prueba: Todo de tipo de pruebas siendo la más idónea la sentencia condenatoria definitiva del cónyuge agresor recaída en un proceso penal.

Divorcio por causal de injuria grave

Esta causal consiste en cualquier hecho mediante el cual se manifiesta un ultraje u ofensa grave, intencional al honor, la reputación, al decoro y/o a la dignidad de un de los cónyuges por parte del otro.
Prueba: Todo de tipo de pruebas siendo la más idónea pruebas documentales como cartas, grabaciones, videos, etc.

Divorcio por causal de abandono injustificado de la casa conyugal

Esta causal consiste en el alejamiento intencional de uno de los cónyuges del hogar conyugal o el rehusamiento de volver a ella con el fin de sustraerse a sus deberes conyugales y/o paternos filiales.
Prueba: Se acredita esta causal con cualquier tipo de prueba, pero especialmente con el certificado de la denuncia policial por abandono de hogar, con la carta notarial que requiere al abandonante a retornar al hogar.

Divorcio por causal de conducta deshonrosa

Esta causal consiste en el modo de proceder incorrecto, indecente e inmoral que tiene una persona de regir su vida y sus acciones que se contrapone al orden público, la moral y las buenas costumbres.
Prueba: Puede acreditarse esta causal por cualquiera tipo de prueba. El juez puede apreciar la conducta teniendo en cuenta la educación y las costumbres de los cónyuges.

Divorcio por causal de toxicomanía

Esta causal consiste que en el consumo habitual e injustificado de drogas alucinógenas o sustancias que puede general toxicomanía. Encuadran dentro de esta causal la drogadicción y el alcoholismo.
Prueba: Se puede acreditar esta causal por cualquier medio probatorio, pero la prueba idónea es la pericia médico legal.

Divorcio por causal de enfermedad grave de transmisión sexual

Esta causal consiste que en la adquisición de una enfermedad grave de origen sexual contraída después del matrimonio. El fundamento de esta causal se encuentra en la violación del deber de fidelidad.
Prueba: Se puede acreditar esta causal por cualquier medio probatorio, pero la prueba idónea es la pericia médico legal.

Divorcio por causal de homosexualidad

Esta causal consiste que en el trato carnal que mantiene el marido o la mujer con otras persona de su mismo sexo. Es la atracción erótica entre individuos del mismo sexo.
Prueba: Se puede acreditar esta causal por cualquier medio probatorio, pero la prueba idónea es la pericia médico-psicológica legal.

Divorcio por causal de condena judicial por delito

Esta causal consiste en la imposición a uno de los cónyuges de una condena a pena privativa de la libertad mayor de dos por delito intencional, después de celebrado el matrimonio.
Prueba: La prueba idónea es la copia certificada de la sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada.

Divorcio por causal de separación de hecho de los cónyuges

Esta causal consiste que en la no convivencia de los cónyuges o alejamiento de uno de ellos del hogar conyugal por dos años, si no se tiene hijos menores de edad, y de cuatro si se tuviera. No se considera causal de separación el alejamiento por razones de salud o de trabajo. Se diferencia de la causal de abandono que a pesar de la separación el cónyuge no ha desatendido sus obligaciones económicas ni morales como padre.
Prueba: Se puede acreditar esta causal por cualquier medio probatorio, tales como denuncia policial por retiro o abandono del hogar, movimiento migratorio, cartas, contratos de alquiler o recibos de pago de servicios que acrediten que cada cónyuge reside en lugares distintos.

Divorcio por causal de imposibilidad de hacer vida en común

Esta causal consiste que en la falta de posibilidad de una convivencia sana y/o pacífica entre los cónyuges. Los cónyuges ya no mantienen una relación estable ni equitativa determinada por diversos factores: psicológicos, funcionales, religiosos, económicos, sexuales. La falta de entendimiento justificado se transforma en causa de divorcio.

Prueba: Se puede acreditar esta causal por cualquier medio probatorio, pero la prueba idónea es la pericia médico legal
Es el divorcio solicitado en forma voluntaria por ambos cónyuges de común acuerdo. En este tipo de divorcio no se necesita exponer ni probar los hechos que motivaron la separación pues prima la voluntad de las partes.
En tal sentido son los propios cónyuges quienes establecen de mutuo acuerdo los términos y condiciones de su divorcio respecto de sus hijos menores o mayores dependientes, sobre los bienes y/o deudas del matrimonio u otro aspecto que consideren relevante. Este divorcio, en un comienzo, debía ser tramitado exclusivamente ante un Juez. Actualmente es permitido tramitarlo también ante la Municipalidad o Notaría, en cuyo caso es conocido como divorcio rápido.

Qué es el divorcio rápido por mutuo acuerdo

Es el divorcio por mutuo acuerdo tramitado al amparo de la Ley N° 29227 “Ley del Divorcio Rápido” ante una Municipalidad (en cuyo caso también es llamado “divorcio municipal”) o ante una Notaria (en cuyo caso es también conocido como “divorcio notarial”. Se le ha denominado rápido porque esta modalidad reduce significativamente los trámites y el tiempo de duración del divorcio en comparación con un divorcio judicial.

Cuál es la duración de un divorcio por mutuo acuerdo

El divorcio por mutuo acuerdo o rápido (ante la Municipalidad o Notaria) permite obtener la disolución del matrimonio en tan ¡sólo 03 meses!, en caso no existan hijos menores ni bienes. Si tuviera hijos menores, deberá adicionarse a dicho plazo, (01) día por la formalización de los acuerdos sobre los hijos (alimentos, tenencia y visitas) mediante Conciliación Extrajudicial y (20) días por la formalización de la Separación de Bienes ante Notario y su inscripción en Registros Públicos, pues ambos trámites son obligatorios para aplicar a este divorcio.

Cuáles son los requisitos del divorcio rápido

Para aplicar al divorcio rápido deben cumplirse los siguientes requisitos:
  • Mínimo 02 años de casados.
  • Ambos cónyuges deben estar de acuerdo en divorciarse.
  • Copia simple del documento de identidad de cada cónyuge.
  • Partida de Matrimonio actualizada.
Si tiene hijos menores de edad o mayores dependientes:
  • Partida de nacimiento de cada hijo actualizada.
  • Acuerdo de los cónyuges sobre pensión de alimentos, tenencia y visitas de hijos.
Si tiene bienes y/o deudas en el matrimonio:
  • En caso de inmuebles (casas, terrenos, departamentos): Copia literal de la ficha de cada bien inscrito en Registros Públicos o contratos o títulos de propiedad de aquéllos no inscritos. En todos los casos recibo del Impuesto Predial de todo el presente año cancelado así como el HR y el PU de cada predio.
  • En caso de vehículos: copia simple de la tarjeta de propiedad y del SOAT, así como certificado de gravamen actualizado expedido por el Registro Vehicular.
  • En caso de otros bienes de valor que deseen repartirse deberá presentarse los títulos o contratos que acrediten su propiedad.
SI Ud. está en el extranjero y/o provincia:

  • Deberá otorgar una carta poder a favor de nuestros abogados ante el Consulado Peruano (si está en el extranjero) o ante un Notario de su localidad (si está en provincia) en base a un modelo que elaboraremos y le enviaremos por e-mail) para prescindir de su presencia en los trámites.
Introducción
En virtud a la reciente promulgación del Decreto Legislativo 1330, que modificó el Decreto Legislativo 1192: “Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y que ofrece otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura”, el autor desarrolla y comenta desde un punto de vista práctico, los aspectos más útiles de dicha modificatoria, tomando en consideración la potencialidad de ésta para incentivar la inversión privada en Proyectos de Infraestructura y la obligación del Estado de resarcir de forma adecuada a los afectados.
Desarrollo
El artículo 70 de la Constitución Política del Perú es el punto de partida para el análisis del marco normativo de la expropiación en el Perú. Dicha norma señala:
“El  derecho  de  propiedad  es  inviolable.  El  Estado  lo  garantiza.  Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie  puede  privarse  de  su  propiedad  sino,  exclusivamente,  por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación  por  el  eventual  perjuicio.  Hay  acción  ante  el  Poder Judicial  para  contestar  el  valor  de  la  propiedad  que  el  Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.
Así pues, según el marco constitucional que regula la potestad del Estado de afectar propiedad privada, esta se configura siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo precedente; pero sobre todo constituye un régimen de garantía a la propiedad privada al establecer:
  • Reserva de Ley: solo se puede expropiar previa emisión de Ley [1].
  • Establecimiento de causales: Necesidad pública [2] o seguridad nacional
  • Previo pago de Indemnización justipreciada: Que incluya: i) Valor comercial del inmueble e ii) indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y el lucro cesante
  • Procedimiento: Formal y garantista regulado por ley.
La Ley Marco de Adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y su reciente modificatoria aprobada por Decreto Legislativo 1330 buscan atacar los principales problemas que retrasan la ejecución de múltiples proyectos de infraestructura en el Perú y que de acuerdos a cifras de AFIN tiene un déficit de 160 mil millones de dólares. [3] [4] Consideramos que los principales problemas que se tienen para agilizar los procesos de adquisición y expropiación relacionados a  la ejecución de proyectos de infraestructura, relacionados, son:
Demora en tomar posesión y poder utilizar predios afectados. Por complicaciones para la entrega o desocupación de bienes. Lo cual a su vez genera el retraso en el inicio de las obras y la ejecución de los proyectos y en ocasiones el incumplimiento en los contratos de concesión o en las iniciativas privadas.
Demora en la ejecución de los procesos de adquisición [5] y expropiación. Entre otros factores debido a lo engorroso de los procesos en sí mismos o a desidia o falta de experiencia del sujeto activo.
Demora en la liberación de interferencias [6].Por falta de información o de voluntad de los prestadores de servicios.
Deficiencias en el saneamiento de propiedad: Lo cual es un problema complejo y que retrasa la culminación de los procesos de adquisición y expropiación. En el sistema de propiedad peruano hay múltiples complicaciones: i) Propiedades sin inscripción en Registros Públicos. En el Perú el derecho de propiedad se constituye sin inscripción obligatoria en Registros Públicos. ii) Propiedades inscritas en Registros Públicos pero que al carecer de planos o ser planos sin coordenadas no se puede determinar ubicación, perímetro y/o extensión del predio. iii) Predios inscritos pero en los que existe duplicidad o triplicidad registral. Es decir el mismo suelo está inscrito a nombre de dos o más personas. iv) Propiedades inscritas en donde de acuerdo a los planos inscritos, la ubicación registral no concuerda con la real. v).- Complicaciones por el uso de distintos sistemas en el manejo de coordenadas como PSAD 56 (Datum sudamericano provisorio del año 1956) y WGS 84 (Sistema geodésico mundial del año 1984).
Definición de valor comercial: Tema de vital importancia para proteger el derecho de propiedad del afectado. La expropiación no puede ser utilizado como un mecanismo para que el Estado obtenga predios a bajo precio.
El Decreto Legislativo 1330 introduce una serie de modificaciones que busca atacar la problemática antes indicada. Así tenemos:
1.-Relacionadas con Identificación – Valorización del bien:
Un aspecto esencial para la ejecución del proyecto de infraestructura es identificar el bien o bienes que serán afectados e identificar sus propietarios. Dicha labor suele ser muy compleja, sobre todo por los problemas de saneamiento de la propiedad descritos anteriormente.
Al respecto la principal innovación relacionada es que se regula la anotación preventiva en todas las partidas registrales de los predios que abarcan el íntegro del Proyecto de infraestructura y por un plazo de 60 meses[7]. Se establece la obligación de SUNARP de efectuar dicha inscripción en un plazo máximo de 60 días hábiles.
-Se establece que luego de anotación y para no alterar valor de predios[8], se prohíbe que cualquier entidad pública otorgue cambios de zonificación, habilitaciones urbanas, licencias de obra u otras autorizaciones. Pese a la prohibición, en caso se efectúen no serán consideradas en la valorización.
-El sujeto activo debe notificar a Municipios distrital y provincial sobre inscripción de anotación preventiva para que la condición de que el predio se encuentra afectado a la ejecución de un proyecto de infraestructura se incorpore a planes municipales[9].
-La anotación preventiva no supone la identificación efectiva del sujeto pasivo debido a que no necesariamente el propietario registral es el propietario real del predio.
2.-Relacionadas con Valorización del Bien.
-Mediante una tasación efectuada por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas de Regulación en Construcción y Saneamiento[10] del Ministerio de Vivienda se fijará el valor del inmueble de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones.
-Esta tasación debe comprender: i) el valor comercial del inmueble[11] y ii) indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y el lucro cesante.
-El valor comercial comprende: i) El valor de terreno, de edificación, obras complementarias y plantaciones, de ser el caso. ii) No comprende mejoras, cultivos  o elementos realizados con posterioridad a la fecha de inspección ocular. No son reconocidas a efectos de tasación, dado que la fecha de corte es la realización de la inspección técnica para efectuar la tasación.
-El valor del perjuicio económico, de existir, comprende: i) Indemnización por eventual perjuicio que comprende daño emergente y lucro cesante debidamente acreditados. ii) No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. Se trata de objetivar el monto de la indemnización que pudiera corresponder pagar.
-Comprende gastos de traslado de bienes dentro del territorio nacional. Con lo cual se ataca un problema real que existía y que era la efectiva desocupación del predio y los gastos que ello pudiera generar.
-No incluye impuesto a la renta[12]. Tampoco gastos registrales ni notariales
-Un aspecto muy importante que establece la norma es el incremento del incentivo a la adquisición de los inmuebles, por el monto adicional equivalente al 20% de su valor comercial, en caso el titular del predio acepte el trato directo. Es decir si en el proceso de adquisición el  sujeto pasivo acepta la transferencia del predio afectado se le podrá pagar un 20% adicional al valor de tasación.
-Se establece al Ministerio de Vivienda la obligación de modificar el Reglamento Nacional de Tasaciones y en un plazo de 90 días desde la publicación de la norma.
3.-Relacionadas con Toma de Posesión del Bien.
-El Estado podrá adquirir y tomar posesión inmediata del inmueble, a pesar de que exista un litigio judicial, arbitral o extrajudicial sobre su titularidad (ya sea por duplicidad de partidas, concurrencia de títulos de distinta naturaleza, entre otros). La norma claramente privilegia la toma de posesión del predio para el inicio de las obras de infraestructura sin perjuicio de que prosiga la discusión respecto a la titularidad del bien y/o al valor de tasación a ser pagado.
-Previa entrega anticipada de la posesión del inmueble por parte del sujeto pasivo, las partes pueden acordar someterse al arbitraje para cuestionar el monto de la tasación ofrecida. Si no se entrega el bien, no se podría discutir en arbitraje el valor.
-Efectuado el pago o consignación correspondiente, el sujeto pasivo debe desocupar y entregar el bien inmueble afectado en el plazo máximo de diez días hábiles para predios libres y treinta días hábiles para inmuebles ocupados. Si no se cumple con desocupación, el sujeto activo tiene la potestad de ejecutar coactivamente la desocupación del predio.
4.-Relacionadas con Liberación de Interferencias.
Un gran problema para el inicio de las obras de infraestructura ha sido la liberación de interferencias. Al respecto se ha regulado lo siguiente:
-La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura, revisará el cronograma y presupuesto de la liberación de interferencias, Pudiendo establecer observaciones.
-La empresa prestadora de servicio público o el titular de la interferencia tendrá 15 días hábiles para levantar observaciones.  Podrá enviar un cronograma y presupuesto actualizado.
-En caso no haya acuerdo y para acelerar la liberación de interferencias el Organismo Regulador correspondiente iniciará un procedimiento de mandato para definir el cronograma y presupuesto definitivo, que deberán ser cumplidos obligatoriamente por la empresa prestadora de servicios públicos o el titular de la interferencia o serán sancionados. Por lo tanto y en caso no exista acuerdo, corresponderá al Organismo Regulador definir costos y plazos razonables para proceder a la liberación.
En un contexto en el cual la inversión en minería se encuentra contraída y con precios bajos para los minerales; la ejecución de proyectos y la inversión en infraestructura constituía una esperanza para impulsar el crecimiento de la economía [13]. Por ello el Decreto Legislativo 1330 busca atacar algunos de los problemas tradicionales que complican y retrasan la ejecución de los procesos de infraestructura relacionados con: i) Identificación del bien. ii) Identificación de sujeto pasivo. iii) Pronta entrega del bien. iv) Valorización del bien. V) Incentivos para negociación.
Efectuado este breve análisis, en términos generales consideramos adecuadas las modificaciones generadas por lo que esperamos que ayuden a dinamizar la ejecución de los proyectos con prontitud y eficacia.
Finalmente es importante mencionar que mediante  Decreto Legislativo 1333 se crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), como un proyecto especial en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION. APIP que tendrá como función principal sanear a nombre del Estado los derechos de propiedad sobre los predios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión priorizados. Con dicha norma se busca crear una entidad centralizada y especializada, entre otras cosas, en el saneamiento de la propiedad de los predios involucrados en proyectos de infraestructura. En los próximos meses podremos evaluar el desempeño de dicha entidad y su labor efectiva.

FUENTE DE IMAGEN: http://doc.noticias24.com
[1] A manera de ejemplo: La quinta disposición complementaria final de la Ley 30025 (que  a la fecha se encuentra vigente) identifica más de 100 proyectos de infraestructura y declara de necesidad pública la ejecución de dichos proyectos  y autoriza la expropiación.
[2] Claramente en este supuesto se ubica la ejecución de proyectos de infraestructura: vial, aeroportuaria, ferroviaria, portuaria, turística, agua y saneamiento, educación, salud, educación entre otros.
[3] De acuerdo a cifras publicadas por AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional)  el déficit en infraestructura proyectado al 2025 en miles de millones de dólares es:
Transporte                                                           57.5
Energía                                                                30.7
Telecomunicaciones                                         27
Salud                                                                    18.9
Agua y Saneamiento                                         12.3
Infraestructura hidráulica                                  8.4
Educación                                                           4.6
[4] Teniendo en cuenta la gran brecha de infraestructura existente, consideramos que el Estado no está en capacidad de ejecutarla directamente. Por ello, mecanismos como iniciativas privadas, obras por impuesto, concesiones son muy útiles para la generación de infraestructura. Ello de la mano con adecuados mecanismos de control que protejan a todas las partes.
[5] De acuerdo al artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1192: “Es la transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario para la ejecución de la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiario como resultado del trato directo”.
[6] De acuerdo al artículo 4.7 del Decreto Legislativo 1192: “Son las instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades prestadoras de servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren dentro del área del derecho de vía o de ejecución de Obras de Infraestructura (…)”.
Así por ejemplo: redes de alcantarillado, líneas telefónicas, instalaciones de gas, fibra óptica, etc.
[7] Si se tiene que iniciar el proceso judicial de expropiación es posible que todo el trámite dure más de 60 meses. En dicho supuesto se podría solicitar una medida cautelar de inscripción de demanda.
[8] A efectos de la valorización que debe ser pagada al sujeto pasivo.
[9] Muchas expropiaciones afectan predios eriazos o agrícolas en Municipios de provincias que no necesariamente tienen el soporte técnico para cumplir lo dispuesto en Ley.
[10] Entidad que absorbió al antiguo Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA.
[11] Determinar el valor comercial del inmueble es una labor que encierra uno de los temas de mayor discusión para la transferencia de los predios afectados.
[12] Cabe tener en cuenta que hasta hace algunos años la SUNAT exigía el pago de impuesto a la renta por el valor de la tasación que recibía el sujeto pasivo de la expropiación.
Al respecto se debe tener en cuenta que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) expidió la Sentencia recaída en el Expediente N° 00319-2013-PA/TC, en el caso Sociedad Agrícola San Agustín S.A. contra la SUNAT. En dicha Sentencia el TC al evaluar si los ingresos obtenidos por una persona jurídica están gravados o no con el IR menciona que:
“El procedimiento expropiatorio genera una indemnización justa limitada al valor comercial actualizado del inmueble expropiado y la compensación por daños, sin embargo no podría afirmarse que dicho monto genere algún tipo de “renta” o “ganancia” por su sola recepción o que dicha enajenación obligatoria genere los mismos efectos que una enajenación voluntaria, pues en este último supuesto, siempre se presentará la posibilidad de mejoría económica a favor de ambas partes pues existe la libertad en el establecimiento del valor de la transferencia ya sea que ello resulte impulsado por variables (subjetivas) como lo serían la ventaja comercial de la ubicación del inmueble, los diversos usos comerciales que se puede brindar para su explotación, el aprovechamiento máximo de los ambientes que mantiene en pie para la inversión que se pretende formular, por ejemplo. Estas variables (subjetivas) no constituyen elementos propios del procedimiento expropiatorio, pues este es un proceso compulsivo por naturaleza, y por lo tanto no presenta ventajas a favor del titular del bien expropiado dado la ausencia de una negociación para la trasmisión del derecho de propiedad, razón por la cual no podría afirmarse que en su configuración se permita la generación de beneficios económicos a favor del propietario, todo lo contrario, genera en él la obligación de traslación de un bien inmueble sin encontrar en dicho procedimiento alguna forma de beneficio que se pueda identificar como una ganancia, utilidad o ingreso adicional que se configure como un hecho imponible del impuesto a la renta en los términos que la Ley regula”. (El comercio)

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