domingo, 21 de mayo de 2017

Se pretende adecuar la escala de sanciones económicas para que no se les aplique la escala de multas de la gran empresa.
El Consejo de Ministro aprobó en una de sus sesiones los proyectos de normas que modifican las relaciones colectivas de trabajo y el sistema de inspección laboral.
Uno de los proyectos de ley pretende adecuar la escala de sanciones económicas a mypes y familias que dan empleo a las trabajadoras del hogar. Esto, con el fin de que no se les aplique la escala de multas de la gran empresa.
Entre otras modificaciones, se propusieron:
Fortalecer la inspección laboral para mejorar su carácter preventivo, sin dejar de aplicar las sanciones que correspondan ante incumplimiento.
Evitar la duplicidad de las inspecciones laborales al mismo empleadores por un tema que ya fue objeto de sanción, salvo si es por denuncia de los trabajadores.
Desarrollar el proceso de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, fomentando el diálogo para la solución de los conflictos laborales.
Se establecerá un mínimo de 3 meses de negociación directa antes de acudir a un arbitraje. El árbitro optará por una de las propuestas presentadas por las partes sin posibilidad de modificarlas, con el objetivo de que estas estén debidamente sustentadas.
Estas modificaciones, presentadas por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo MTPE), se debatieron en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo con representantes de los empleadores y gremios sindicales.
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sábado, 6 de mayo de 2017

En los últimos años se ha incrementado la morosidad en los alquileres, por lo que es relevante para el propietario evaluar adecuadamente a su potencial inquilino para evitar el riesgo de que este se atrase o incumpla el pago de la renta.
El socio del Estudio Linares, Daniel Linares, recomienda algunas medidas que el arrendador debe tener en cuenta antes de alquilar una propiedad.

Informarse sobre el inquilino 
Lo más importante es saber con quién se está vinculando el propietario. Para ello se puede consultar a la Reniec para saber su identidad, y a alguna central de riesgo para conocer su comportamiento financiero, indicó Linares.

Añadió que se puede averiguar si la persona está registrada en Inquilinos Morosos y/o tiene deudas registradas en el Poder Judicial.
Si la renta es una fuente de ingreso importante para el arrendador, este debe ser muy cuidadoso porque se expone a un gran riesgo en caso de contratar con una persona morosa, advirtió.

Garantía y penalidades
En el contrato de arrendamiento debe señalarse las garantías y penalidades en caso de incumplimiento.

En el contrato se establece la fecha de pago, si el inquilino pagará uno o más meses por adelantado, y el monto de la garantía. Esta última se utilizará en caso el inquilino, al finalizar el contrato, no haya cuidado el inmueble y se tenga que hacer arreglos, como pintar o resanar paredes, refirió el experto.
Las penalidades son sanciones que reemplazan las indemnizaciones a fin de mitigar algún tipo de daño, indicó. Por ejemplo, si se establece un alquiler de S/ 1000 mensual y luego de finalizado el contrato el inquilino se queda contra la voluntad del dueño, ya no pagaría S/1,000 sino S/2000 mientras dure el problema, “dado el daño causado al arrendador”, explicó.

Cláusula de allanamiento futuro 
La inclusión de esta cláusula en el contrato, en caso que el inquilino moroso no quiera irse y se le demande para desalojo, permite tener un proceso judicial mucho más rápido, detalló Linares.

En el 2014 se emitió la norma de allanamiento futuro, que indica que si el inquilino adeuda desde dos meses y medio de pago, o al vencer el plazo del contrato, se le puede entablar una demanda judicial, manifestó.
Así, ya sea por incumplimiento o porque el contrato venció, el juez ordena que el inquilino se retire del inmueble.
Para que se aplique la cláusula de allanamiento, el contrato debe tener las firmas del inquilino y del arrendador legalizadas ante un notario, refirió el abogado.

Si no hay cláusula de allanamiento futuro 
Si el contrato es anterior a la fecha en que se dio esta norma o no se incorporó, es necesario ir a un juez de paz y solicitar el desalojo, afirmó.

Sin embargo, esta sentencia, que se da después de un año, seguramente será apelada y aun si el arrendador tiene razón, el trámite puede demorar dos años hasta que el inquilino sea desalojado, refirió.
El sistema judicial es lento. Pese a que el arrendador tenga la razón los procesos demoran, por lo que la prevención es necesaria para las personas que decidan alquilar un inmueble, resaltó Linares.


La tenencia de propiedades en alquiler es del 11% en Lima, la más baja frente a otras capitales de América Latina como Buenos Aires (15%) o Bogotá (41%).

En un país como el Perú en que la informalidad predial vinculada a inmuebles es de más del 60%, lograr la recuperación de propiedades alquiladas y el posterior pago de rentas impagas se vuelve un proceso engorroso, señala  Miguel Cavero, gerente general de Inmobilex.
Dentro de este universo informal se encuentran las propiedades arrendadas. Según un estudio del 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la tasa de tenencia de propiedades en alquiler es del 11% en Lima, la más baja frente a otras capitales de América Latina como Buenos Aires (15%) o Bogotá (41%).

Uno de los problemas dentro de ello es la morosidad. Un inquilino incurre en ella y, por tanto, origina la culminación de su contrato cuando deja de pagar dos meses y medio, según el Código Civil.
En ese momento ya el propietario debe acudir a un Centro de Conciliación y después acudir al Poder Judicial para demandar el desalojo de su inmueble y el cobro de la suma no pagada.
El problema es que este proceso “puede demorar hasta seis meses, incluso más porque tenemos un Poder Judicial que como sabemos tiene una alta carga procesal y es lento para procesar sus fallos”, indica.
“Judicialmente es lento, el propietario no le interesa ir a un juicio, no quiere ir a un juicio, es más hay propietarios que renuncian a la renta impaga con tal de recuperar físicamente su inmueble, para poder alquilarlo o incluso vivir en él”, afirma.

¿Qué propone?
Ante ello, el Decreto Legislativo 1177 se publicó el 17 de julio de 2015 para promover el arrendamiento mediante diversas modalidades como el “alquiler-venta” o “leasing inmobiliario”.
Este decreto estableció un régimen especial que aplica un juicio por desalojo más rápido la utilización de formularios especiales con firmas legalizadas para formalizar el contrato. Pero esto sólo se aplica para viviendas nuevas, debido al interés de de los operadores vinculados.
Asimismo, la creación del Registro de Deudores Judiciales Morosos, con la ley 30201, permite el desalojo en 15 días para contratos con firmas legalizadas donde se pacte una “cláusula de allanamiento futuro”.

Cavero propone que para recuperar un inmueble y que se ordene el pago de la deuda ya no se tenga que ir al Poder Judicial.
“La raíz del problema es la recuperación física del inmueble de una manera que no implique ir al Poder Judicial, porque si el contrato ya llegó a una causal de resolución, yo no tengo que ir a ningún lugar para que me declaren la resolución del contrato”, dijo Cavero.

Al contrario, propone que se “se aplique un mecanismo similar a la autotutela prevista en el artículo 920 del Código Civil”, que se aplica a invasiones de propiedad. Esto permitiría recurrir a la municipalidad del sector para un desalojo inmediato en 15 días.
“Las municipalidades están perfectamente facultadas para intervenir en estos casos donde el ciudadano, el ciudadano quiere recuperar su inmueble”, añadió. (Gestion.pe)

miércoles, 3 de mayo de 2017

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En una excepción de improcedencia de acción no puede realizarse un juicio de la responsabilidad penal del imputado, sino solo el proceso de subsunción normativa.

A esta conclusión llegó la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 407-2015-Tacna. En dicha resolución, además, sostuvo que el juez solo puede evaluar la procedencia de la excepción de improcedencia de acción sobre la base de los hechos imputados por el fiscal.

Veamos el caso: un sujeto fue detenido cuando pretendía recoger cajas con autopartes robadas las cuales buscaría esconder, vender o negociar, a pesar de su origen ilícito. Por estos hechos, el fiscal le imputó el delito de receptación, pues aquel tenía conocimiento de la ilicitud de los objetos contenidos en las cajas, y, asimismo, imputó el delito de asociación ilícita para delinquir, pues estas cajas habían sido remitidas por un tercero desde la ciudad de Moquegua.

El imputado dedujo excepción de improcedencia de acción, argumentando que era imposible determinar la finalidad que habrían tenido los bienes, pues fue detenido antes de hacerlo y, asimismo, que no se determinó ningún tipo de relación organizacional con el tercero que los envío. Sin embargo, este medio de defensa fue declarado infundado por el juez de investigación preparatoria.

Luego de que dicha decisión fuera apelada por la defensa del imputado, la Sala Penal de Apelaciones revocó el auto de primera instancia y declaró fundada la excepción de improcedencia de acción, por considerar que sería imposible ver la finalidad y destino de los bienes enviados y que, además, no se determinó ningún tipo de organización entre el imputado y el remitente de los paquetes. Así lo entendió para los delitos de receptación y asociación ilícita para delinquir, respectivamente.

El Ministerio Público interpuso recurso de casación por infracción de precepto material, por considerar que el auto de vista extralimitó los alcances de la excepción de improcedencia de acción, y realizó una valoración de la prueba actuada. Dicho recurso fue concedido por la Sala Superior de Apelaciones.

Ya en manos de la Corte Suprema, la Sala Penal Transitoria consideró que efectivamente el tribunal de apelación realizó una valoración probatoria para definir los hechos, y que, al hacerlo, infirió tanto el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes incautados y lo referente a la vinculación a nivel de organización delictiva entre el imputado y el remitente.

Asimismo, consideró que la valoración de los hechos está referida al juicio de responsabilidad penal, lo que no corresponde ser examinados en una excepción de improcedencia de acción. Por estos motivos, declaró fundado el recurso y casaron el auto de vista, confirmando el auto de primera instancia que declaró improcedente la excepción interpuesta por el procesado.(Tomado de la ley.com)

lunes, 1 de mayo de 2017

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FLUJO GRAMAS -  MODELO II








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La ley señala que toda persona que pretenda ganar la propiedad de un bien mediante prescripción adquisitiva deberá cumplir con 4 requisitos, además, claro está, del tiempo designado por la ley. Estos requisitos son:

Posesión pública:

Este requisito hace referencia a la necesidad de ejercer la posesión de tal manera de que sea visible a los ojos de terceros. Por ello, no podrá ganarse la propiedad de un bien por prescripción si se ejerce la posesión de manera CLADENSTINA u OCULTA.
Ahora bien, es muy pertinente recalcar, que el carácter público de la posesión dependerá también de la naturaleza del objeto. Siendo así, no podría ser igualmente valorado el carácter público de la posesión de, por ejemplo, una joya que la de un inmueble. Evidentemente, en caso de la joya, en virtud de su naturaleza, no será indispensable que sea mostrada a terceros en todo momento, cuestión que si será indispensable para el caso de los inmuebles.

Posesión pacífica:

Este requisito hace referencia a que la posesión del inmueble debe ejercerse sin ningún tipo de conflicto fáctico o de derecho con el propietario del inmueble o con terceros. De esta manera, si por ejemplo, durante el tiempo que se posee el bien, el auténtico propietario busca recobrarlo quintándole la posesión del mismo, la posesión no podrá ser considerada como pacífica y en consecuencia no podrá adquirirse la propiedad por prescripción.
Tampoco será considerada como pacífica, si durante el tiempo en el que se ejerce la posesión el propietario” formal” interpone una demanda buscando recuperar el bien para sí.

Posesión continúa:

Por medio de este requisito, la ley exige la posesión se haya realizado de manera constante y sin interrupciones.

Posesión como propietario:

El poseedor que quiera ganar la propiedad de un bien por prescripción deberá haberse comportado durante el tiempo que ejerció la posesión del bien como el “autentico” propietario del mismo. Para ello, el poseedor no debe reconocer ninguna potestad superior sobre el bien que posee.
Resumiendo lo dicho, los requisitos para adquirir la propiedad por prescripción son: ejercer la propiedad de manera pública, pacifica, continua y como propietario ya sea por 5 o por 10 años, según sea el caso.

La demanda de prescripción adquisitiva de dominio

La demanda deberá estar dirigida al juez competente y en contra del propietario “formal” del bien. Así también, en ella deberá exponerse con mucha claridad los fundamentos de hecho y de derecho del petitorio, es decir, de la solicitud de la declaración de propiedad por prescripción.
Además de ello la ley señala algunos requisitos especiales que debe cumplir la demanda, estos son:
Se deberá indicar el tiempo de posesión del demandante. Ello implica la fecha y la forma de cómo se originó la posesión del bien que se pretende ganar.
Se deberá indicar el nombre de la persona a la que le pertenece el bien y el número de la partida registral, en caso de que el bien este inscrito en los registros.
Si se trata de un bien inmueble y urbano, se deberá indicar también el nombre y lugar de notificación de los propietarios que habitan en los bienes colindantes al predio que se pretende ganar.
Se deberá describir el bien con la mayor exactitud posible. En caso de que se trate de bienes inmuebles se acompañaran obligatoriamente: planos de ubicación y perimétricos, así como la descripción de las edificaciones existentes, suscritas por arquitecto o ingeniero colegiado y debidamente visados por la autoridad administrativa correspondiente.
Se deberá ofrecer declaraciones testimoniales de no menos de 3 ni más de 6 personas, mayores de 25 años.

El proceso de prescripción adquisitiva de dominio

La prescripción adquisitiva de dominio se tramita a través de un proceso abreviado. Es decir, en un proceso relativamente largo. Siendo así, como cualquier otro proceso, la prescripción adquisitiva comienza con la interposición de la demanda ante el juez competente (en este tipo de proceso la conciliación es facultativa).Es pertinente recalcar que la demanda deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley (ver apartado anterior) sino se correrá el riesgo de que sea calificada como improcedente o inadmisible.
Luego de ello, la ley otorgará 10 días para la contestación de la misma. Tras ello, el juez evaluará las pruebas pertinentes en una audiencia de pruebas que deberá ser programada en un plazo de 20 días. Luego, tras escuchar a las partes y habiendo evaluado las pruebas, el juez dictará sentencia en un plazo de 25 días.
La sentencia, podrá ser apelada por el propietario “formal” del terreno, para ello tendrá 5 días a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia.

Porque es importante de pasar por un abogado especializado en inmobiliario para adquirir un bien por prescripción adquisitiva

Sera importante acudir a un abogado especializado debido a que solamente éste podrá brindarnos una orientación efectiva al momento de afrontar un proceso tan complejo como el de la prescripción adquisitiva de dominio.
Como podrá observarse, el proceso de prescripción adquisitiva se constituye como un proceso especialmente engorroso. En ese sentido, las norma peruana es muy minuciosa al momento de la exigencia de los medios que acrediten la posesión continua, publica, pacífica y en concepto de dueño del bien que se pretende ganar. Por ello, remarcamos la idea de que solo un abogado especializado y con experiencia podrá afrontar satisfactoriamente un proceso de esta naturaleza.

Enlace de la demanda:
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En una entrevista realizada por Marcelino Aparicio, para el diario el peruano, a continuación la presentamos.


¿Afectó El Niño Costero el concurso público para ocupar plazas pendientes de jueces y fiscales?

-Sí, y de forma importante y fundamentalmente en las zonas de la costa norte, sierra norte y central, así como en el sur. Tuvimos múltiples pedidos para que se prolonguen los plazos para las presentaciones de documentos y la postergación del examen que estaba programado para el 23 de abril. El mal estado de las carreteras, generado por huaicos y desbordes de ríos en el país, nos llevó a tomar esta decisión. El objetivo es igualdad de condiciones para todos los postulantes.

-¿Postulantes de cuántas regiones no llegaron a dar el examen? 

-Fueron siete regiones: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima (parte de sierra), Ica, Arequipa, y algunas regiones en forma más leve. Nosotros atendimos a cada uno de los pedidos. Nos enteramos de que en muchas entidades sufrieron el deterioro del material, inclusive los propios archivos documentarios. Por eso el CNM mostró total flexibilidad y comprensión ante esta desgracia.

-¿Qué porcentaje de postulantes se vio afectado? 

-De los 2,000 postulantes para plazas de fiscales y jueces, el 30% no pudo realizar el examen debido a los desastres naturales. Se tomaron las medidas solicitadas por los postulantes, y en el caso de los plazos para presentación de documentos se ampliaron y el examen que estaba programado para el domingo 23 de abril ha sido reprogramado para el domingo 28 de mayo.

Consideramos que cinco semanas son prudentes para que todo pueda volver a la normalidad y el examen pueda darse en igualdad de condiciones.

-¿Van a estructurar un nuevo examen?

-Sí. Estamos preparando una nueva prueba para evitar suspicacias, pero estamos seguros de que todos los postulantes están preparados. Sin embargo, el calendario de la segunda parte del año ha sido ajustado y queremos que finalmente esto no altere la programación y la agenda que tenemos en el CNM, respecto a selección y el nombramiento.

-¿En la actualidad, cuántas plazas de jueces y fiscales faltan ocupar a escala nacional?

-Sin que ingrese el Nuevo Código Procesal Penal a la capital, estamos todavía por nombrar 1,000 fiscales y otros 1,000 jueces que son provisionales. Pero cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal se va a necesitar una mayor cantidad de jueces y fiscales, conforme vayan creciendo las demandas de la población.

-¿Qué porcentaje de provisionalidad de jueces y fiscales hay?

-Calculamos que un 30%, o sea que debería nombrar una cifra similar de nuevos jueces y fiscales para acabar con la provisionalidad. Eso va a depender de muchos factores, en especial del económico.

-¿Depende del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial?

-Así es, depende del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial. Un dato importante es que, desde hace año y medio, el fiscal de la Nación está pidiendo al CNM que no nombre fiscales titulares justamente porque no tiene el presupuesto para poder pagar. Por ejemplo, si al provisional le pagas cinco, al titular le pagará el doble porque goza de todos los derechos, incluyendo el aumento de sueldo. Es preocupante el tema, debido al crecimiento de la criminalidad organizada. Es necesario que tengamos fiscales titulares, probos, profesionales y honestos.

En ese sentido, creo que todas las instituciones del sistema de justicia pasamos por el mismo problema presupuestal que seguramente en el diálogo con el Ejecutivo se va a solucionar en el corto plazo.

-¿Son distintas las designaciones para jueces y fiscales?, se denuncian irregularidades en el nombramiento de los mismos.

-Vamos a clarificar el tema. En el caso de los jueces, hay dos tipos de nombramiento, los supernumerarios que son nombrados por los presidentes de las cortes superiores, vía concurso; y los provisionales que asumen el cargo tras presentar su currículo, cuya responsabilidad es asumida por el presidente de cada sala.

Sin embargo, una situación distinta ocurre en el Ministerio Público, donde al que nombran no es elegido por el presidente de la Junta de Fiscales, sino que este ente propone y es el fiscal de la Nación quien nombra. Es necesario que todo magistrado nombrado sea a partir del ente que la Constitución ha señalado, que somos nosotros.

-¿Se han modificado los concursos para el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales?

-Así es. En el caso de los nombramientos, hemos apostado por cosas fundamentales: la experiencia laboral, hemos eliminado la ‘cartonitis’. En segundo lugar, la especialidad y exigencia en el examen, y en tercer lugar la medición de habilidades blandas. Por ejemplo, una de ellas es que ya el CNM ha nombrado a jueces quechuahablantes para zonas donde se habla el quechua. También modificaremos el examen de jueces supremos, entre agosto y setiembre; hay cuatro plazas pendientes.

Jefatura de la ONPE

Águila precisó que hay ocho artículos que la Constitución Política del Perú (150-157) dedica al CNM. Sin embargo, cuando la Constitución regula los entes de administración electoral señala que los jefes de la ONPE y el Reniec son nombrados por el CNM, mediante concurso público.

El cargo dura cuatro años sujeto a una ratificación, pero hay que subrayar algo importante, en cuanto al jefe de la ONPE: su mandato termina el 28 de febrero del 2021, justo en medio de las elecciones presidenciales de ese año, recalcó.

“Estamos seguros de que el doctor Castillo Meza, si desea su ratificación, podría darle más interés a este tema, y si no la desea, el CNM tendrá que convocar otro concurso y elegir a una persona que le costaría acomodarse al puesto, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones presidenciales. Es importante señalarlo para que desde ahora se tomen las medidas o los correctivos correspondientes”.

Hoja de vida 

Guido Águila nació en Lima. Fue elegido integrante del Consejo Nacional de la Magistratura para el período 2015-2020. Representa a los colegios de abogados.

Es doctor en Derecho por la Univali (Brasil); magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina); y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Ha escrito los libros Neoconstitucionalismo: Una mirada jurisprudencial. Editorial San Marcos 2011. ABC del Derecho Procesal Constitucional. Fondo Editorial de Egacal, 2012, entre otros. (El peruano.com)

sábado, 22 de abril de 2017

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