martes, 31 de octubre de 2017

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El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, el cual se encuentra conformado por el debido proceso adjetivo, que se refiere a las garantías procesales que aseguran la vigencia de los derechos fundamentales; y el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de leyes contrarias a los derechos fundamentales.  La incorporación del due process of law al constitucionalismo latinoamericano ha implicado la variación de su contenido. 

En Latinoamérica, el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertas formalidades de trámite y procedimiento que deben observarse para la emisión de una sentencia; mientras que el debido proceso sustantivo garantiza que las sentencias sean razonables. Así, en nuestro país, el TC sostiene que el debido proceso presenta dos expresiones: una formal y otra sustantiva. 
La expresión formal comprende los principios y reglas relacionados con las formalidades aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. En cambio, la expresión sustantiva está relacionada con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir.

Asimismo, el TC señala que el debido proceso tiene un contenido complejo pues no solo se encuentra conformado por las garantías reconocidas expresamente en las normas jurídicas, sino también por aquellas que se deriven del principio–derecho de dignidad de la persona humana y que resulten esenciales para que el proceso pueda cumplir con su finalidad.  Por otro lado, cabe señalar que el Numeral 3 del Artículo 139° de la CPP precisa que el debido proceso constituye un principio de la función jurisdiccional. Es decir, es un parámetro o criterio rector que debe ser observado por las autoridades que ejercen la función jurisdiccional (v. gr. autoridades del Poder Judicial, TC, Comunidades Nativas y Campesinas, Fuero Militar, Arbitral y Electoral). 

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia nacional sostienen que el debido proceso no solo constituye un principio aplicable a quienes ejercen función jurisdiccional, sino también un derecho fundamental. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales. Por un lado, constituye un derecho subjetivo, que resulta exigible por todas las personas; y por otra parte, un derecho objetivo, dado que contiene una dimensión institucional que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.

En este sentido, la Corte IDH señala que el debido proceso comprende todas las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Por lo expuesto, el debido proceso constituye un principio-derecho que garantiza que todas las personas puedan pretender la defensa de sus derechos, la solución de sus controversias y la aclaración de alguna incertidumbre jurídica a través de un proceso dotado de garantías mínimas (formales y sustantivas). 

En tal sentido, el debido proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de las personas, de modo que ninguna actuación de la autoridad jurisdiccional dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta al procedimiento señalado en la ley. 

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO-DERECHO DEL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Como se puede apreciar del acápite precedente, el debido proceso constituye un principio-derecho que debe ser aplicado en sede jurisdiccional. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que este derecho también debe ser observado en la tramitación de los procedimientos administrativos. 
En efecto, la Corte IDH sostiene que el conjunto de garantías que conforman el debido proceso debe ser observado por cualquier autoridad administrativa que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas, tal como se aprecia de la siguiente cita: “…cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. 

Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.”  Asimismo, la Corte IDH estima que el debido proceso resulta aplicable en la vía administrativa a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos15, tales como las sanciones administrativas.

En esa línea, el TC peruano considera que el derecho al debido proceso reconocido en el Numeral 3 del Artículo 139° de la CPP, no solo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo.17 Este Tribunal refiere que el fundamento principal por el cual el debido proceso resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en el hecho de que la Administración Pública se encuentra vinculada a la CPP y, por ende, a las garantías procesales que este reconoce a las personas, tal como se aprecia de la siguiente cita: “El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional.” 

Cabe señalar que incluso la Corte Suprema de la República del Perú, aunque de manera muy incipiente, ha reconocido que el debido proceso resulta aplicable en sede administrativa. Por lo expuesto, el cumplimiento de las garantías que conforman el debido proceso no solo resulta exigible a nivel judicial, sino ante cualquier instancia en el que se determine derechos y obligaciones de diversa índole. 

En ese sentido, la Administración Pública no se encuentra exenta de cumplir con todas las garantías que permitan alcanzar una decisión justa en los procedimientos administrativos de su competencia. Más aún si se tiene en cuenta que la Administración se encuentra vinculada a la CPP, por lo que debe respetar sus principios, tales como el debido proceso; y velar por el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra la protección de los derechos de la persona y su dignidad.(guia de minjus)

domingo, 1 de octubre de 2017

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MANUAL DE DOCUMENTACIÓN POLICIAL
NORMAS GENERALES
USO DE LAS SIGLAS Y ABREVIATURAS
ADMINISTRACIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO
FASES DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
ENTRE OTROS
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La Ley de Flagrancia no es nueva, se creó para los delitos que están probados de manera indubitable, es decir que no cabe duda alguna de que la persona es culpable. Esta norma lleva ya tiempo en nuestro Código Penal, pero probablemente nunca habíamos oído hablar de ella porque simplemente no se aplicaba.Ahora que se ha reglamentado y ha tomado protagonismo, es importante que todos sepamos en qué consiste, y es que estar bien informados puede marcar la diferencia entre convertirnos en beneficiarios o incluso víctimas de la Ley de Flagrancia 
¿Cómo funciona? , ¿Cuál es el proceso? 
Todo comienza con la comisión del delito y la detención, el sospechoso es llevado a la comisaría. Ahí se le leen sus derechos, se le permite contactarse con sus familiares y también llamar a su abogado. Aquí se pide la presencia del fiscal, éste al llegar toma las declaraciones de ambas partes, las de los testigos, recoge las pruebas y ordena más pericias dependiendo del caso. Es en esta primera parte que quien haya delinquido tiene la primera oportunidad para no empeorar su situación, esta se llama valga la redundancia: principio de oportunidad. Todo esto que corresponde a la policía y al Ministerio Público ocurre en las primeras 24 horas.
La segunda parte le corresponde ya al Poder Judicial. El expediente armado es entregado al juez de investigación preparatoria, este analiza el caso, las pruebas, y convoca a una audiencia en la que decidirá si reúne las condiciones para un juicio rápido, o no. 

Aquí en esta instancia el imputado tiene una segunda oportunidad para reducir su sanción, esta se llama “Terminación anticipada”. Así llegamos a la tercera y última parte: el juicio. Si los elementos son suficientes, todo se eleva al juez de juzgamiento, quien en un plazo de 72 horas debe convocar a la audiencia que dé inicio al proceso, y de manera rápida a la sentencia, aun a estas alturas existe una tercera oportunidad llamada “Conclusión anticipada”
El principal obstáculo al que nos enfrentamos cuando buscamos darle solución a nuestros problemas legales es, de hecho, el “lenguaje difícil” o “propio de abogados” con los que muchas veces se desenvuelven estos problemas.
Esta característica observamos de forma mucho más clara en los asuntos relacionados con los denominados derechos reales , que son los que ,a la vez se relacionan con las cuestiones de la propiedad de los bienes .Por ello ,si queremos solucionar problemas vinculados con propiedades , hipotecas , garantías mobiliarias , etc; debemos buscar la ayuda de abogados que dominen la materia de derechos reales.
Ahora bien, la cuestión del desalojo del ocupante precario es particularmente compleja debido a que, incluso, entre los estudiosos del derecho no hay un consenso claro sobre su definición. Pese a ello, en el presente artículo, desarrollaremos los aspectos más importantes del desalojo por ocupación precaria, con la finalidad de que UD. Pueda orientarse de mejor manera en la solución de sus problemas legales. Todo ello, sin perder de vista de que siempre es preferible ser asesorado por abogados especialistas en la materia.
Sin más preámbulo, lo primero que debemos abordar en problema del desalojo del ocupante es la definición de la categoría “ocupante precario”.

¿Qué es un ocupante precario?
  • Los inquilinos.
  • Los invasores.
  • Los usurpadores.
  • Los propietarios de un bien.
  • Los invasores.
  • Los inquilinos siguen en posesión del inmueble pese a que su contrato de arrendamiento ya se venció o se resolvió por falta de pago
  • El usurpador de una casa.
  • O el típico caso de poseedor precario resumido en el siguiente caso: “Juan es propietario de una casa y, debido a su gran amistad con Felipe, le otorga la posesión de su casa sin ningún tipo de renta, a condición de que se la restituya cuando éste se la pida. Luego, habiendo transcurrido un tiempo Juan le pide a Felipe que desocupe la casa pero Felipe se niega. Siendo así, Felipe, a partir del momento en que se niega a restituir la casa, se convierte en poseedor precario.
        Cómo se regula el desalojo por ocupación precaria en el código civil peruano
        El proceso de desalojo por precario
  • Se tramita vía proceso sumarísimo. Es decir, por medio de un proceso corto (CORTO en relación a los procesos de conocimiento y abreviados). Además, el demandante tiene la opción de agregar, al pedido de desalojo, el de pago de la deuda por arrendamiento, cuando el desalojo sea por esa causal.
  • Pueden demandar por desalojo: el propietario, el arrendador, administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio.
  • Pueden ser demandados por desalojo: el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a que se le puede pedir la devolución un bien.
  • En el proceso de desalojo por ocupación precaria el demandante deberá acreditar la propiedad del bien y el demandado la posesión en virtud de un título.Cómo desalojar por ocupación precaria
  • En caso de ser un usurpador, que ejerce la posesión fundado en un título o con el consentimiento del propietario.
  • En caso de ser un arrendatario (ósea, un inquilino), que el contrato sigue vigente o que ha cancelado la renta.
    Caso especial: desalojo por contrato de arrendamiento con clausula de allanamiento    
    futuro
  • Una vez vencido el contrato o habiendo pasado 2 meses y quince días de retraso en el pago de la renta, el arrendador interpone la demanda con los requisitos previstos por la ley.
  • Admitida la demanda, se le comunica al inquilino que dentro de un plazo máximo de 6 días, debe contestar acreditando la vigencia del contrato o reconociendo y cancelando la deuda.
  • En caso de que no conteste , se emitirá una orden de desalojo en un tiempo no mayor de quince días hábiles
Cuánto dura un proceso de desalojo por ocupante precario
Pues bien, una de esas categorías cuya comprensión nos generan muchos inconvenientes es la de POSEEDOR PRECARIO.
Del sentido literal de esta frase podemos distinguir dos palabras POSEEDOR y PRECARIO. Siendo así, debemos antes que nada preguntarnos ¿Qué es un poseedor?
En el mundo del Derecho, se le denomina poseedor a todas aquellas personas que usan o disfrutan un determinado bien. De esta manera son poseedores:
Al respecto, es importante señalar que, muchas veces, el sentido común nos hace confundir la posesión con la propiedad, incluso en el lenguaje ordinario utilizamos indistintamente ambas palabras. Sin embargo, PARA EL DERECHO, POSESION Y PROPIEDAD, NO SON LO MISMO, ya que, mientras la posesión es básicamente un hecho (el hecho de ejercer dominio sobre el bien), la propiedad es un derecho que se ejerce en virtud de un título.
Pues bien teniendo claro qué es la posesión pasemos ahora a definir el concepto de POSEEDOR PRECARIO
Tienen la calidad de poseedores precarios aquellas personas que ejercen la posesión (usan o disfrutan) de un bien sin algún título o acto que las autorice para ello, o aquellas cuyo título ya ha fenecido. Así por ejemplo, serán considerados ocupante precarios:

Antes que nada debemos saber ¿Qué se entiende por desalojo?
Se entiende por desalojo la restitución de un bien. El diccionario dice que por restitución debemos entender “la devolución del bien que es nuestro”.
Teniendo en cuenta ello pasemos a detallar las principales características que tiene el proceso de desalojo en el Perú.
Como se mencionó, se le considera ocupante precario a aquella persona que ocupa un predio sin título u autorización alguna, o, también a aquellas personas que lo ocupan en virtud de un título que ya feneció.
Ahora bien, entonces, ¿cómo desalojar a un poseedor precario?
Lo primero que debemos hacer es interponer una demanda de desalojo por ocupación precaria. Una vez realizado esto, el precario tendrá un plazo máximo de 5 días para contestar la demanda, en la que deberá acreditar:
Luego de ello, las partes involucradas deberán asistir a una audiencia única en la que se actuaran los medios probatorios y se realizarán los descargos correspondientes. Sobre el papel se dice que ésta audiencia deberá ser programada dentro de los 10 (diez) días siguientes de contestada la demanda, sin embargo, esto dista mucho de la realidad, ya que, la fijación de fecha de la audiencia depende directamente de la carga procesal que tenga el juzgado en el que se ha interpuesto la demanda.

Una vez realizada la audiencia, el juez deberá resolver el caso concreto emitiendo sentencia el mismo día.
Ahora bien, en líneas generales, estos son los pasos que se deben seguir para desalojar a un ocupante precario. Podría decirse que este es el camino normal que debe recorrerse para desalojar al precario, sin embargo, en los últimos meses, se ha instituido una suerte de sub-procedimiento para un caso especial, cuya principal ventaja es ejecutar el desalojo en un plazo mucho más corto; estamos hablando del desalojo por cláusula de allanamiento futuro en el contrato de arrendamiento, caso regulado por la conocida “ley del inquilino moroso”
El nombre no debe asustarnos, el desalojo por contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento futuro, no es otra cosa que el desalojo que se realiza debido a que en el contrato de arrendamiento se incluyó una cláusula en la que el inquilino se comprometía a devolver el predio, ya sea, porque se venció el contrato o por falta de pago.

Si se configura éste supuesto, es decir, si se incluyó dicha cláusula en el contrato, entonces, el demandante podrá optar por un proceso especial que consiste en:
Para culminar con este apartado, consideramos pertinente mencionar que la firma del contrato con cláusula de allanamiento futuro debe estar legalizada por un notario o, en su defecto, por un juez de paz.
No hay una respuesta fija para ésta pregunta, ya que, a pesar de que sobre el papel se fijan plazos determinados para la duración de cada etapa del proceso, estos no se cumplen en la realidad.

Ahora bien, de lo que si podemos tener certeza es de que hay unos procesos que, de hecho, son más largos que otros. Así por ejemplo,   los casos de desalojo por ocupante precario duran mucho más que los casos de sentencia de allanamiento futuro; ello debido a que en el primero existe la posibilidad de interponer recursos impugnatorios, mientras que en el segundo, no.
Siendo así, un proceso “normal” de desalojo puede durar, sumando todas sus etapas, hasta 2 o 4 años. Por otro lado, un proceso de desalojo por cláusula de allanamiento futuro puede durar hasta 2 o 3 meses.
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sábado, 23 de septiembre de 2017

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jueves, 31 de agosto de 2017


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Lo que el gobierno esta haciendo con los maestros del Perú, no solo es privatizar la Educación, sino vulnerar la legalidad de derechos que tiene cualquier trabajador del estado.
Aquí un análisis legal.

domingo, 6 de agosto de 2017

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Tomado de: www.monografias.com

Nota: Libros de derecho Peruano. no aloja en su servidor ningún archivo o documento, solo enlaza de otras paginas.
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Un ex servidor público no se encuentra impedido de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista en la entidad de la cual formó parte, incluso dentro de los doce meses de haber cesado. Esto será así siempre que la función desempeñada no hubiera tenido o no tenga influencia, poder de decisión, o haya accedido a información privilegiada sobre el proceso de contratación o cuando su participación no le genere un conflicto de intereses.

Así lo ha precisado la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante la Opinión Nº 140-2017/DTN. En dicho documento se ha precisado y delimitado los alcances del literal e) del artículo 11.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala que la imposibilidad de contratar de los ex servidores públicos “respecto a la entidad a la que pertenecen, es de hasta doce meses después de haber dejado el cargo”. 

OSCE ha arribado a esta conclusión a partir de la consulta realizada por la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidad que consultó si uno de sus ex trabajadores estaba incurso en esa prohibición. 

Asimismo, OSCE también realizó las siguiente precisiones: a) que el impedimento regulado en el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado resulta de aplicación incluso a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción; y b) si bien el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley hace referencia a “la ley especial de la materia”, ello no enerva el hecho de que el impedimento es de aplicación para todo servidor público de una entidad, independientemente que su cargo se encuentre previsto, o no, en el Cuadro de asignación de personal provisional de la entidad. (Tomado de la ley.com)
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