martes, 4 de julio de 2017

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Tomado de Defensoria del Pueblo
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Tomado de PUCP
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Ley N° 30550, Ley que modifica el Código Civil con el objeto de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensión de alimentos el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado.
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La presente guía contiene los criterios adoptados por la mencionada Dirección de Conciliación Extrajudicial en diversos temas que fueron objeto de consulta por parte de distintas instituciones públicas y privadas, así como de usuarios interesados en esta forma de solución de controversias, durante los años 2015 y 2016, y que a su vez fueron producto del profundo análisis respecto de diversas instituciones del derecho vinculadas a la conciliación, tanto en la esfera material como procesal.
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lunes, 3 de julio de 2017

Rosa María Palacios nos explica qué es y cómo funciona el Tribunal Constitucional en materia de leyes.


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Lo nuevo en evasión fiscal que está de moda en Estados Unidos son los fondos dedicados de seguros (IDFs por sus siglas en inglés), que fueron introducidos en los años 2000, y que se han vuelto tan convencionales que JPMorgan Chase & Co. y Grupo Goldman Sachs Inc. los ofrecen.
Para los inversionistas, los productos representan una forma legal de evadir impuestos. Y para las empresas de inversión, las primas constituyen fuentes estables de capital a largo plazo que actúan como un baluarte contra los retiros de clientes.
Tal como sucedió recientemente en que los clientes sacaron US$75.600 millones de fondos de cobertura en los cinco trimestres transcurridos hasta marzo, de acuerdo con Hedge Fund Research.

Cómo funciona

El cliente compra una póliza de seguro de vida de colocación privada. La compañía de seguros invierte en activos alternativos como fondos de cobertura. Los beneficios, si los hubiera, normalmente se gravarían como ganancias de capital, pero debido a que involucra a una compañía de seguros que debe atenerse a ciertas restricciones, el dinero puede crecer libre de impuestos.
Los beneficiarios obtienen su dinero cuando el asegurado muere. Para los productos estructurados correctamente, no hay ningún gravamen sobre los beneficios por muerte.

Muchos millones

Muchos IDFs están incluidos en pólizas de seguro de vida, pero también pueden ser parte de contratos de anualidad, que tienen diferentes implicaciones tributarias. No hay un registro oficial de cuánto dinero se ha invertido, pero de acuerdo con Aaron Hodari, que lleva un conteo para Schechter Wealth, con sede en Birmingham, Michigan, es por lo menos US$15.000 millones, el triple de lo que era hace una década.

Los IDFs han sido una maniobra discreta durante años porque los inversionistas “no quieren que todos sepan lo bien que está yendo”, asegura Richard C. Wilson, CEO de Family Office Club, una red de más de 1.500 oficinas familiares registradas.

Así que laS personas usan esto en parte por razones de planificación de herencia pero la principal ventaja es dejar que el valor de estas inversiones se acumule sin pagar impuestos. “Eso siempre será una característica atractiva“, añade Wilson.
El Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene reglas estrictas para los fondos. Los titulares de pólizas no pueden intentar influir, directa o indirectamente, en las decisiones de inversión de los administradores de cuentas. Y las compañías de seguros tienen prohibido invertir en ciertos activos.
De tal modo que si el inversionista tiene demasiado control, es gravado inmediatamente. Y si el inversionista retira la cantidad, debe pagar impuestos. (El comercio.pe)
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Lo primero que debes hacer para aprender como salir de deudas rápido, es tomar el control de tus finanzas antes de siquiera pensar en aumentar tus ingresos.

Sea que se piense adquirir una deuda o ya se la tenga y se necesite ayuda, es importante saber cómo actuar en beneficio de la propia  salud financiera y tranquilidad.
Sobre el tema, José Díaz Ismodes, profesor de la Escuela de Postgrado y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico ofrece algunas recomendaciones para librarse de las deudas.
1. Cancelar deudas
Si se cuenta con liquidez, se debe cancelar primero las deudas de mayor tasa de interés.
2. Pagos revolvente
Si se tiene un crédito revolvente en la tarjeta de crédito, se debe pagar un monto mayor que el mínimo y si es posible pagar la totalidad, si no cambiar la modalidad de revolvente a cuotas.
3.  Menor tasa de interés
Hay que trasladar la deuda a la entidad financiera que ofrezca la menor tasa de interés y mantenimiento de cuenta.
4. Terminar de pagar la deuda
Normalmente las entidades financieras ofrecen un nuevo préstamo cuando ya se pagó más de la mitad, por lo que se debe cancelar primero la deuda pendiente. Las entidades financieras suelen reenganchar con un nuevo crédito cuando ya se han pagado casi todos los intereses y el cliente sólo de encuentra amortizando solo capital.
5. Tener deuda con la misma moneda
Si se gana en soles, hay que contraer deudas en la misma moneda.
6. No endeudarse en dólares
Las deudas en dólares se ven afectadas por la variabilidad del tipo de cambio y por el amplio margen del precio de compra y de venta que ofrecen las entidades financieras y que juegan en contra del deudor.

7. Confianza en el asesor financiero

Mantener una relación cordial y cercana con el asesor financiero del banco a fin de que en caso se tenga que refinanciar las deudas se obtengan las mejores condiciones.
8. Elaborar un presupuesto
Elaborar siempre un presupuesto y proyectarlo en el plazo de la deuda contraída de tal manera que se tenga claro que gastos debe de reducirse a fin de cumplir con las deudas.
9. Tener un buen historial crediticio
Mantener siempre un buen récord de pagos y buen historial financiero, de esa manera, se ganará credibilidad en los bancos y los prestamos tendrán mejores condiciones.
10. Buen uso de la gratificación
Este mes de julio, se debe emplear la gratificación para ponerse al día en los pagos. Y después de pagar las deudas con la gratificaciones, se aconseja utilizar un tercio del saldo y ahorrarlo, y si después de eso le resta un dinero destinarlo gastos extraordinarios.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la remoción del contralor Edgar Alarcón con 22 votos a favor y una abstención. El Parlamento declaró la vacancia de Alarcón.
El único voto en abstención fue el de Bienvenido Ramírez de Fuerza Popular.
Marco Arana solicitó que el informe congresal sobre Edgar Alarcón pase al Ministerio Público.
Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular, manifestó que, de no ser por el caso de Chinchero, no se conocería que el contralor no es apto para el cargo.
"Si no fuese por Chinchero, no estaríamos aquí", dijo el parlamentario.
Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, cuestionó que el contralor no haya denunciado presuntas presiones.
César Vásquez de Alianza Para el Progreso, aseguró que el contralor se victimiza, y que "es un personaje siniestro y caradura".
El congresista Marco Arana expuso los motivos por los que su comisión recomendó la destitución de Alarcón.
"Si hoy me remueven, el próximo en entrar no les garantiza la lucha contra la corrupción, se hará de la vista gorda", expresó el contralor.
Según Alarcón, su caso fue "cortina de humo" por parte del Gobierno durante 5 semanas.
Sostuvo que "todas sus declaraciones juradas fueron presentadas a la fecha".
Alarcón reiteró que no grabó conversaciones  y dijo que esas acciones se realizan "en este gobierno".
"Espero que aquellos que me acusaron, se retracten", dijo el contralor Edgar Alarcón al comenzar su presentación.
La Comisión Permanente del Congreso someterá a votación este lunes el dictamen que recomienda la destitución de Edgar Alarcón como contralor general de la República, tras las irregularidades cometidas durante su gestión.
Alarcón se presentará a la Comisión permanente para dar sus descargos a las acusaciones en su contra. Se tiene previsto que el contralor llegue al Congreso a las 9:30 de la mañana.
Como se recuerda, el subgrupo encargado de evaluar los pedidos de remoción en contra de Alarcón, recomendó su destitución.
Cabe señalar que el informe será votado aun cuando el contralor no asista a la sesión de la Comisión Permanente.
La remoción es inminente, después de que todas las bancadas han expresado su rechazo al actuar del contralor. Incluso el fujimorismo, en voz de Úrsula Letona, ha indicado que “el contralor no puede continuar en el cargo”.
Basta la mitad más uno de los asistentes para aprobar la destitución. Al haber sido el informe aprobado por congresistas de cuatro bancadas, ya todo estaría dicho.
En el Ejecutivo, ya se vocean nombres para la terna que enviarían al Congreso para suceder a Alarcón. Nelson Shark, ex funcionario del Ministerio de Economía en tiempo del fujimorato y el toledato, actual asesor del Poder Judicial, es uno de los voceados.


  1. Concepto de etapa postulatoria
  2. Etimología de la palabra postulatoria
  3. Objetivos de la etapa postulatoria
  4. La demanda
  5. Confusión de la noción demanda con la Acción y la Pretensión
  6. Efectos de la demanda
  7. Requisitos de la demanda
  8. Análisis del artículo 130 del C.P.C.
  9. Vía procedimental
  10. Medios probatorios
  11. Los anexos
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El precio de referencia del diésel B5 se redujo en promedio 0.01% y los precios de referencia del alcohol carburante y del biodiésel B100 se redujeron en 1.75% y 0.27%, en cada caso, reportó el Osinergmin.
Los precios de referencia de las gasolinas y gasoholes de 97, 95, 90 y 84 octanos se redujeron en promedio 0.36%, 0.28%, 0.10% y 0.11%, respectivamente, con relación a la semana anterior, señaló el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El precio de referencia del diésel B5 se redujo en promedio 0.01% y los precios de referencia del alcohol carburante y del biodiésel B100 se redujeron en 1.75% y 0.27%, en cada caso. Los residuales se incrementaron en promedio 0.71%.
Por su parte, el precio de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) se redujo en 0.85% respecto a la semana anterior.
El Osinergmin señaló que los agentes del mercado podrían o no trasladar a los consumidores finales en cada grifo o estación de servicio las variaciones de los precios de referencia que publica, debido a que el mercado de los combustibles en el Perú se rige por la libre competencia de precios.
El GLP envasado y el diésel B5 de uso vehicular son productos que se encuentran comprendidos dentro del alcance del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y, por ello, no deberían estar afectos a las variaciones que pudieran generarse por la actualización de los precios de referencia que se reportan cada lunes.
Las variaciones registradas en los precios de referencia de los combustibles son consecuencia del comportamiento de los precios de los productos combustibles del mercado estadounidense (gasolina, diésel, residuales, propano y butano) durante el período comprendido entre el 19 y 30 de junio del 2017.
Los precios del petróleo crudo y productos se redujeron debido a los siguientes factores:
• Las expectativas de aumento de la producción de shale oil en Estados Unidos, de 127 mil barriles diarios durante julio; ante el mayor número de equipos de perforación de shale oil registrados.
• Las cifras de un nivel de demanda de gasolinas por debajo de lo esperado.
• El incremento de los inventarios de gasolina de Estados Unidos, en 2.1 millones de barriles (0.9%).
• El anuncio de Libia de un aumento en su producción de crudo a niveles de 900 mil barriles diarios, para situarse a una tasa de un millón de barriles diarios a fines de julio.
El Osinergmin explicó que los precios de referencia reflejan el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles en la costa este norteamericana y son indicadores para los productores e importadores de hidrocarburos al elaborar su lista de precios a nivel mayorista.
El objetivo de su publicación es brindar transparencia al mercado de combustibles.
Remarcó que este reporte de precios de referencia de combustibles no es una regulación de precios, ya que éstos se rigen por el libre mercado; en consecuencia, los agentes mayoristas determinan libremente el precio de venta. (Gestion.pe)
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Con fecha 18 de junio del año en curso, fue publicada en el diario Oficial El Peruano, la Res. Adm. No. 0191-2017-CE-PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispone la modificación del artículo 26 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (en adelante Reglamento).

Así, se introduce un cambio sustancial respecto al procedimiento de las notificaciones de las resoluciones que ponen fin a un proceso disciplinario instaurado a los magistrados del Poder Judicial, al señalar que toda resolución que pone fin al procedimiento disciplinario, ya sea imponiendo una sanción o declarando la absolución, serán notificadas a través de cédulas de notificación de manera personal en el domicilio laboral de los magistrados judiciales investigados por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, y en forma excepcional en sus domicilios reales.

De esta manera se deja de lado la norma primigenia que establecía que todas las notificaciones de las resoluciones emitidas en un proceso disciplinario debería realizarse a través del sistema de notificaciones electrónica (en adelante SINOE), a excepción de la primera notificación al investigado con la resolución de apertura del proceso.

Tal modificación se debió a la propuesta emitida por la señora Consejera Rosa Amelia Vera Meléndez,representante de los Jueces Especializados y Mixtos del Perú ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien planteó dicha modificación a través del Informe No. 38-2017-RAVM-CE/PJ, cuyo texto resulta de importancia y de obligatoria lectura, por la justificación no solo legal, sino sobretodo constitucional que se expuso en la misma, la cual sin duda ha seguido los parámetros impuestos por el Estado Constitucional de Derecho, que exige que todo proceso o procedimiento debe darse dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales y el cual no puede ser ajeno los procesos instaurados a los jueces. Sin duda esta modificación constituye un ejemplo de cómo debe darse un procedimiento disciplinario con las garantías impuestas por el orden constitucional y convencional, en referencia a los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú.

La problemática que dio origen a la modificación

Mediante Resolución Administrativa No. 243-2015-CE-PJ de fecha 22 de julio del 2015, se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura, en cuyo artículo 26 regulaba el ámbito de las notificaciones de los actos administrativos expedidos en un proceso disciplinario, donde reconocía la implementación del SINOE en los procedimientos disciplinarios ante el Poder Judicial, instituyendo que todas las resoluciones que se expidan deben ser notificadas a través de casilla judicial, salvo la primera notificación al investigado, la que deberá realizarse en su domicilio laboral y, en su defecto,  y en forma excepcional en su domicilio real

La OCMA y las ODECMAs venían aplicando dicha norma primigenia de manera literal y aislada del orden jurídico existente, en la medida que entendieron como regla general que todas las notificaciones respecto de los actos administrativos e informes que surgen en un procedimiento administrativo disciplinario deben realizarse a través del SINOE, para lo cual los jueces deben contar con una casilla electrónica, la misma que había sido implementada. El procedimiento es que se envía una alerta tanto al correo institucional o personal de los magistrados informándole que existe en su casilla electrónica una notificación derivada de un procedimiento disciplinario, lo que obligaba a los jueces sometidos a dicho proceso disciplinario a estar pendientes de manera permanente en el sistema informático (correos).

La única excepción a la notificación electrónica y que estaba establecida en la norma en mención, es que debía realizarse la notificación a través de cédula de notificación (notificación personal) en su domicilio laboral y en su defecto en el real, la resolución de apertura y los documentos que dieron origen al mismo. Esta aplicación restrictiva del artículo en mención, originó en la práctica muchas dificultades y en ciertos casos estados de indefensión clara y evidente, vulnerándose el derecho que tenía todo Juez de acudir a una instancia superior que revise la decisión sancionatoria, ello debido a  dos razones elementales:

(i).-  La primera razón, es que  tanto el legislador (en referencia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) como los órganos disciplinarios no habían previsto situaciones reales que evidenciaban de manera razonable la imposibilidad de que los jueces puedan acceder a los sistemas informáticos como el correo institucional, como son: La existencia de lugares donde laboren los jueces en los que no hay acceso a internet o que el servicio existente, es deficiente que no permite ingresar a las páginas web respectivas para su verificación; o también que el Juez investigado se encuentre haciendo uso de un descanso médico, en la medida que una persona en dicha situación, lo menos que realiza es ingresar a sistemas informáticos; o también como ha ocurrido que las resoluciones de sanción se han emitido y notificado electrónicamente, cuando el Juez se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, colisionando así con la finalidad misma de dichos descansos, ya que a través de ello se pretende que el Juez se desconecte de la función pública con fines de regeneración física y psicológica, por ende incluso éstos programaban viajes familiares en donde como es lógico no revisaban sus correos personales e institucionales; o también cuando por motivos de caso fortuito se origine la suspensión de los servicios como ocurrió con el fenómeno de niño costero, en que por los problemas climáticos se había suspendido el servicio de internet, entre otros supuestos.

(ii).- La segunda razón y la más controversial era la colisión entre el artículo 26 del citado Reglamento con otras normas de mayor jerarquía como son la de orden procesal, donde también se había implementado el uso de la tecnología de la información y comunicaciones a través de las notificaciones electrónicas y donde se establecía que todas los resoluciones  jurisdiccionales deben ser notificados a las partes mediante SINOE, a excepción de la resolución que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía, la medida cautelar y la sentencia o auto que pone final al proceso, las cuales deben ser notificadas por cédula de notificación, en la medida que son resoluciones que afectan directamente al investigado. Se cuestionaba que el proceso disciplinario que en muchos casos se equipara al proceso judicial, establezca sin razón valedera y razonable, la exclusión de la notificación de la resolución que contiene la resolución final del proceso disciplinario a través de cédula de notificación y establezca que esta deba ser notificada como una simple resolución vía electrónica a través del SINOE.
         
        El uso literal del citado artículo 26 originó que muchos jueces tomaron conocimiento de la existencia de dichas resoluciones finales que imponían sanciones cuando ya había precluido la etapa de apelación de las mismas, ante lo cual venían generándose pedidos de nulidad del asiento de notificación alegando y cuestionando la constitucionalidad de la norma reglamentaria en mención. Ello trajo como consecuencia a que se planten la siguiente inquietud a nivel casuístico: ¿Es válido a la luz del ordenamiento legal y constitucional que las notificaciones de las resoluciones que imponen una sanción en un proceso disciplinario deban realizarse “exclusivamente” a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE)?
  
Las razones de la modificación expuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Esta problemática fue trasladada al seno mismo del órgano legislador del Poder Judicial: el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al debatir la reforma de dicho artículo, siendo la respuesta clara: que dicha norma primigenia vulneraba el orden constitucional y en específico el derecho de defensa de los jueces, por tanto haciendo una interpretación sistemática y sobretodo constitucional optan por su reforma, adecuando así al  proceso disciplinario de los jueces al orden constitucional, en otras palabras constitucionalizando el proceso disciplinario mismo; esto se puede corroborar dando una lectura a los considerandos de la Res. Adm. No. 191-2017-CE-PJ  de donde nos damos cuenta que los argumentos expuestos en ella son totalmente válidos, excluyendo así la categoría de ser un proceso injusto. Las razones fueron claras: El debido proceso es un derecho que no es propio del proceso judicial, sino también de los procedimientos administrativos y en específico los procesos disciplinarios, así lo ha establecido  la CIDH1, como nuestro mismo TC2. Una de las expresiones de este derecho es el de defensa, el cual está reconocido en el  artículo 139° inc. 14 de nuestra Constitución, y cuyo contenido exige que dicho ejercicio debe ser pleno, lo que presupone que quien participen en un proceso o procedimiento en la vía administrativa (por extensión), tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que les pudieran afectar y que en consecuencia deban emitirse dentro del proceso o procedimiento mismo, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan como es la apelación contra alguna resolución que lo afecte directamente, tanto en el momento y tiempo oportuno. Es por ello que el acto de las notificaciones de las resoluciones constituye un medio constitucional para garantizar dicho derecho de defensa, por tanto los  mecanismos para realizarlos, deben ser los idóneos para que puedan producir sus efectos, lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a una persona, por ello dicho derecho debe ser garantizado bajo cualquier medio3.

Por otro lado debemos tener en cuente que el Estado ha implementado la utilización de tecnologías de la información y comunicación a través del sistema de notificaciones electrónicas, las cuales pretenden darle celeridad notificando las resoluciones judiciales y administrativas a las distintas partes (demandante, demandado, denunciante, denunciado, quejoso, quejado, etc). Este mecanismo moderno se ha ido implementado de manera paulatina, dejando en claro que somos un país en proceso de informatización, ya que  no todas las personas pueden acceder a este servicio.

Esta implementación de tecnologías se dio a partir de la emisión de la Ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales de distintos cuerpos normativos procesales, norma que fuera publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de Junio del 2014. Dicha norma realizó diversas modificaciones a los ordenamientos procesales, en donde el legislador ha tenido en cuenta el derecho de defensa en su máxima interpretación constitucional como también la necesidad de implementar el sistema de notificación en el sistema procesal peruano en aras de otorgar un servicio de justicia de calidad. Es por ello que el legislador ha tomado en cuenta las condiciones de proceso de informatización de los servicios y sus limitaciones en cuanto al acceso, ponderando  el derecho de garantizar que el ciudadano sometido a un proceso judicial tome conocimiento de las resoluciones que se emitan en el mismo, por tanto existe una regla general, pero no absoluta: toda resolución judicial debe darse a través del sistema de notificación electrónica para surtir efectos válidos, siendo la excepción aquellas que afectarían directamente la condición o situación de las partes, por ser importantes en el proceso judicial como son los que contienen el emplazamiento de demanda, la declaración de rebeldía, medida cautelar y auto y sentencias finales;  ello se evidencia de la lectura de los siguientes artículos modificados: artículo 155-B, 155-C y 155-D de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 157 del Código Procesal Civil, artículo 14 del Código Procesal Constitucional, artículo 13 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo4.

Bajo esta lógica debe entenderse que dichos supuestos de excepcionalidad se extienden a los procedimientos administrativos disciplinarios, por tener una naturaleza cuasi-jurisdiccional, equiparando así (i) la notificación de la demanda o proceso penal, con la resolución que inicia el proceso disciplinario, ya que ello garantiza que el juez tome conocimiento sobre las causas y tipificación de las faltas que se le imputan  y pueda así ejercer plenamente su derecho de defensa; (ii) así como los autos finales o sentencias son equiparables con las resoluciones que pongan fin al proceso disciplinario: auto de prescripción, resolución de sanción, etc5. Así lo ha entendido la misma OCMA  en cuanto a la equiparación de una resolución final de sanción con una sentencia de primera instancia, tal como es de verse de la Resolución No. 22 dictada en el proceso No. 401-2013-San Martín (Visita Judicial) con fecha 30.04.2017, expedida por la Jefatura de la Unidad de Visitas de la Ocma, que expresa: “(….)que la resolución 19 de fecha 4 de febrero del 2016, sobre la cual se pretende se declare nula, es equiparable a la  de una sentencia, al constituir pronunciamiento de primera instancia (…)”

En consecuencia y siguiendo los parámetros constitucionales establecidos y desarrollados líneas arriba, podemos inferir que las resoluciones que ponen fin a un proceso (entiéndase también procedimiento disciplinario) deben ser notificadas por cédula, indistintamente de la notificación electrónica, por ende la modificación del artículo 26 del Reglamento aprobado por Res. Adm. No. 191-2017-CE-PJ constituye sin duda una norma valida desde el punto de vista constitucional, la que permite garantizar el derecho de defensa y de la doble instancia que ostentan los jueces, solidificando y legitimando así el proceso disciplinario mismo.

(*) Félix Ramírez Sánchez es Magistrado y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. (Tomado de la ley.com)

sábado, 1 de julio de 2017

La concesión del recurso de casación excepcional requiere de interés “casacional” a discreción de este Supremo Tribunal. En el presente caso, resulta admisible el recurso interpuesto por errónea interpretación de la ley penal (artículo 10°, segundo párrafo, del Decreto Legislativo N° 1106); y por apartamiento de la doctrina jurisprudencial (Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116).
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A través del Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos.
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Un juez no cometerá el delito de prevaricato si, a pesar de emitir una resolución judicial citando hechos falsos, sea imposible que dicha decisión pueda surtir algún efecto jurídico.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema adoptó este criterio al resolver la Apelación N° 20-2015-Puno. Además, precisó que para la configuración del prevaricato no es suficiente la violación de la normativa vigente, lo cual podría verse por otras vías legales; sino que requiere un grave menoscabo a la imparcialidad y eficacia de la Administración Pública, lo cual no se presentaría si la resolución no produce efectos.

Veamos el caso: en el marco de un proceso por robo agravado, el investigado solicitó tutela de derechos al juez de investigación preparatoria. Luego de celebrada la audiencia, se concedió la tutela pues no el abogado del investigado no estuvo presente en la declaración de una testigo. Sin embargo, la decisión fue declarada nula por la Primera Sala Penal de Apelaciones de San Román-Juliaca, luego que fuera apelada; y se dispuso la celebración de una nueva audiencia.

En la nueva audiencia de tutela de derechos participó nuevamente el investigado y el Ministerio Público; sin embargo, el contexto era especial, pues el primero había solicitado se declare la sustracción de la materia porque la investigación preliminar ya había sido archivada; posición que aceptó la Fiscalía. En la fundamentación oral el investigado reiteró su pedido y el Ministerio Público su adhesión.

Al momento de resolver, y a pesar de lo expuesto por las partes, el juzgador fundamentó su decisión sobre la base de un debate entre las partes desarrollado en la audiencia y a posiciones contrapuestas. En tal sentido, declaró fundada la tutela de derechos y nula la declaración de la testigo. El principal problema con esta decisión es que citó hechos falsos: en la audiencia no hubo debate, pues ambas partes estaban de acuerdo con la sustracción de la materia debido al archivamiento de la investigación preliminar.

Estos hechos le valieron al juez una imputación por el delito de prevaricato por parte del Ministerio Público, la cual sería revisada por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Puno. Luego de desarrollado el proceso, la Sala Penal absolvió al juez. La decisión fue apelada por la Fiscalía.

Ya en sede suprema, la Primera Sala Penal Transitoria confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, por considerar que no basta la sola emisión de una resolución contraria a la normativa vigente, sino que esta debe causar un grave perjuicio a la Administración de Justicia; siendo que en este caso solamente se estaba frente a una resolución poco clara e incapaz de surtir efectos jurídicos. (Tomado de la ley.com)
 

viernes, 16 de junio de 2017

Así lo dispone la Resolución Administrativa Nº 178-2017-CE-PJ, publicada el jueves 08 de junio en el diario oficial El Peruano, y cuyos anexos acaban de ser publicados en el sitio oficial del Poder Judicial.

El segundo pleno jurisdiccional nacional se realizará en Moquegua los días 9 y 10 de junio y será de naturaleza penal y procesal penal, donde se abarcará la problemática actual de la inseguridad ciudadana, así como la búsqueda de la correcta aplicación en la reforma procesal penal y la jurisprudencia que recae de ella.

El pleno laboral y procesal laboral será el tercer pleno en llevarse a cabo. Tendrá lugar en La Libertad, el 11 y 12 de agosto, y el tema central a tratarse será la reforma laboral desde la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en el año 2010.

La materia civil y procesal civil será abordada en el último pleno en Lambayeque los días 20 y 21 de octubre. Se analizarán los cambios que trae consigo la Ley Nº 30293, que modificó diversos artículos del Código Procesal Civil, a fin de promover la modernidad y celeridad procesal, teniendo en cuenta que los conflictos de naturaleza civil son los más cotidianos y diversos, y las causas que se siguen en el sistema judicial pertenecen mayoritariamente a esta naturaleza.

Por otro lado, se llevarán a cabo 2 plenos jurisdiccionales regionales. El primero de ellos en materia de justicia intercultural (civil y penal) en Cusco, el 1 y 2 de setiembre, con la finalidad de uniformizar y establecer doctrina jurisprudencial vinculante a nivel nacional, sobre aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal en dicha materia; mientras,que el segundo de naturaleza comercial se realizará en Lima el 24 y 25 de noviembre, teniendo en cuenta la relevancia de la economía para la sociedad.

Por último, se ha previsto promover la realización de 35 plenos jurisdiccionales distritales aproximadamente, sobre determinadas materias en términos generales, dependiendo de las necesidades de cada distrito judicial la identificación de algún tema en particular.
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